Erradicar el amianto: una vacuna para acabar con esta pandemia oculta

  • Tribuna de Oscar Bayona, de la secretaría de Salud Laboral de la Confederación Sindical de CCOO en la revista “Asturias Prevención” del IAPRL

17/03/2021.
Tribuna sobre amianto

Tribuna sobre amianto

La lucha para erradicar los efectos negativos causados por el amianto en la salud de las trabajadoras y los trabajadores no es ninguna novedad. Es una línea de acción en CCOO anterior incluso a la propia legalización del sindicato en 1977. Reivindicamos en su día ante las instituciones la prohibición total de todas las variedades de este mineral cancerígeno, trabajamos en las empresas para prevenir las exposiciones y acompañamos en los tribunales a las personas trabajadoras enfermas para que se reconociera el origen laboral de sus dolencias.

A día de hoy, aun nos vemos en la obligación de mantener campañas, como la que vamos a desarrollar en breve en Asturias bajo el lema “Asturias sin Amianto”. El problema del amianto no acabó con la prohibición de su uso hace 18 años, sino que sigue presente en nuestras vidas. Millones de toneladas de materiales con amianto siguen emplazadas en edificios, instalaciones e infraestructuras de todo tipo. A las clásicas instalaciones industriales se le unen cada día nuevos hallazgos en lugares que hasta el momento no sospechábamos: centros educativos y sanitarios, túneles y viaductos, material móvil ferroviario… Y cada semana recibimos la noticia de algún nuevo vertedero ilegal que demuestra que se está manipulando amianto sin las medidas preventivas establecidas por la ley. El amianto trasciende el ámbito de la salud laboral, es un problema de salud pública y medioambiental de primer orden.

Los próximos meses deberían convertirse en Asturias y en España en un punto de inflexión en esta materia por varias razones. La primera es que el Congreso de los Diputados tiene pendiente la tramitación de la proposición de Ley del Parlamento Vasco para el establecimiento de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Se trata de la misma proposición presentada en 2017 y que no pudo ver completada su tramitación por la finalización adelantada de la legislatura en marzo de 2019. En ese momento se había alcanzado un principio de acuerdo para su aprobación entre los grupos parlamentarios en el que habían jugado un papel importante las enmiendas planteadas conjuntamente por las asociaciones de víctimas y los sindicatos.

Desde CCOO vamos a poner todo nuestro empeño para que esta proposición de Ley salga adelante y ya estamos contactando con los grupos parlamentarios para recuperar aquel consenso y puede subsanarse la deuda que hemos contraído como sociedad con las personas que se vieron expuestas a este tóxico y enfermaron por el mero hecho de ir a trabajar. Personas que, todavía a día de hoy, se ven obligadas a recorrer un auténtico viacrucis administrativo y judicial para ver recompensado el daño sufrido. En la mayoría de los casos ven rechazadas la solicitud de reconocimiento del origen profesional de sus enfermedades, lo que les obliga a recurrir a una lenta e incierta vía judicial, que en muchos de aquellos casos que terminan con sentencias favorables lo hacen cuando la persona ya ha fallecido. En países de nuestro entorno donde ya existe este Fondo de Compensación, como por ejemplo Francia, se ha generado un procedimiento de reconocimiento administrativo automático que evita todo este lento y cruel proceso y que de una vez por todas debemos imitar en España.

Otro elemento que debería servir para dar un nuevo rumbo a la historia del amianto en nuestro país son los Fondos de Recuperación Next Generatión de la Unión Europea. Nos referimos a los fondos que aprobó en Consejo Europeo el verano pasado para afrontar la recuperación de la UE tras la pandemia de COVID-19, de los cuales hasta 140.000 millones de euros podrían llegar a España en los próximos años. Estamos ante una oportunidad única para llevar a cabo una transformación del modelo productivo español, recuperando el peso de la economía productiva e insertándola en el paradigma del siglo XXI. Tanto el propio acuerdo del Consejo Europeo como el documento “España Puede. Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia” de la Presidencia del Gobierno fijan como objetivo de todo este plan la transformación de nuestro país a una España verde, digital, sin brechas de género y cohesionada. Y se pone énfasis en la necesidad de proyectos que se centren en una transición energética justa e inclusiva, en la rehabilitación del parque de vivienda, en la potenciación del tejido industrial y de las PYMEs, entre otros propósitos.

El Principado de Asturias ha puesto en marcha un Comité Asesor para estos Fondos Europeos en el que CCOO hemos dado traslado de una propuesta que aúna la rehabilitación energética de viviendas, instalaciones y equipamientos públicos y privados con la retirada del amianto instalado en dichas estructuras. Este no es un planteamiento nuevo sino que forma parte de las políticas de la propia UE y que viene así determinado en la Directiva (UE) 2018/844 de Eficiencia Energética, en los Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo “Erradicar el Amianto en la UE” (2015/C 251/03) y “Trabajo con amianto en la renovación energética” (2019/C 240/04).

Las instituciones europeas han fijado como objetivo estratégico la renovación del parque de viviendas y edificios existentes en la UE con criterios de eficiencia energética, impulso a las energías renovables y desarrollo de una economía circular. Pero esas mismas instituciones son conscientes que, al acometer las obras necesarias para alcanzar ese objetivo, la exposición al amianto instalado puede convertirse en el detonante de una nueva ola de enfermedades entre los trabajadores de la construcción y la ciudadanía en general. Para alcanzar esta meta, la UE ha incluido el objetivo de mejorar la eficiencia energética en edificios, al tiempo que se eliminan de forma segura el amianto y otras sustancias peligrosas, entre las líneas previstas para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Estos Fondos ya han servido a algunos Estados miembros para acometer de forma planificada la retirada de este cancerígeno en su territorio. El caso más representativo es el de Polonia, que ha establecido un Plan de Acción con respaldo financiero por un valor estimado en 10.000 millones de euros hasta 2030. Algo que todavía ni se ha planteado por parte de las autoridades de nuestro país.

Los Fondos de Recuperación Next Generation deberían convertirse en la oportunidad definitiva para que España se subiera al tren de la erradicación definitiva del amianto. Y ahí juegan un importante papel las Comunidades Autónomas, porque está en sus manos que una parte significativa de los proyectos que se presenten en su ámbito se dediquen a este fin. La propuesta que desde CCOO trasladamos al Principado de Asturias es una apuesta por un entorno más saludable, sin presencia de amianto en nuestros pueblos y ciudades, garantizando la gestión segura de sus residuos, pero también lo es por un modelo energético basado en el ahorro energético, en la producción distribuida y en las renovables. Es también una apuesta por el empleo, en primer lugar en un sector de la construcción orientado a la renovación de edificios en el conjunto del territorio, no sólo en los grandes núcleos de población. Y es también la oportunidad de relocalizar sectores industriales, como el de las energías renovables, en los cuales España fue punta de lanza hace no tantos años y que vimos como marchaban a otros países.

Y finalmente, pero no menos importante, desde CCOO vamos a poner todo nuestro empeño para que el Principado de Asturias ponga en marcha una iniciativa legislativa similar a la Ley de Erradicación del Amianto anunciada recientemente por parte de la Generalitat de Catalunya. Es una norma legal que está dando los primeros pasos para su tramitación, pero que por la información que vamos conociendo parece abarcar unas perspectivas ambiciosas y envidiables. Se pretende legislar en la mayor parte de las dimensiones que presenta la problemática del amianto, desde la laboral, a la medioambiental, pasando por la sanitaria, la asistencial, la urbanística o la investigación científica. Y se está contando desde las primeras fases con la participación de los agentes sociales y otros actores de la sociedad civil catalana.

En definitiva, a principios de este siglo pusimos la primera piedra para enfrentar al amianto con su prohibición de su uso y comercialización. Pero ahora ha llegado la hora de doblegar la curva de esta pandemia de manera definitiva. Están a nuestra disposición las herramientas para lograrlo. No dejemos escapar de nuevo este tren.

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