Para dignificar el trabajo y la atención a la dependencia

  • CCOO convoca una concentración el 28 de septiembre ante la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para denunciar el boicot empresarial a un nuevo convenio que debe mejorar las condiciones laborales y por tanto el servicio

Belén Fernández, responsable del área privada en la federación de Sanidad y representante de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Asturias, y Juan Pedro Muñoz, coordinador de Comunicación de la federación, comparecieron esta mañana en rueda de prensa para explicar los objetivos de la movilización porque la situación ya era “precaria” y “ha empeorado notablemente con la pandemia”. Más de 3.000 personas, la mayoría mujeres, trabajan en el sector en Asturias.

20/09/2021.

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Valga como ejemplo que cada trabajadora o trabajador de una residencia privada atiende de promedio a 12,5 personas. De hecho, Asturias en una de las comunidades autónomas con la ratio más baja: no llegamos a 1,20 trabajadores y trabajadoras por personas, por el 0,27 de Galicia o el 0,35 de Cataluña. Y una ratio tan escasa, lógicamente, va en detrimento de la atención.

Nuestro sindicato reclama la negociación de un nuevo convenio que recoja una “notable mejora en las retribuciones”, porque muchas categorías no llegan a los mil euros y hay bastantes por debajo del SMI; la reducción de la jornada laboral, que ahora es muy elevada; medidas de conciliación y para la mejora en la prevención de riesgos laborales; y mejoras en las ratios de personal.

Además, la Consejería tiene que extremar la vigilancia, porque no se están cubriendo bajas, ni vacaciones, ni días de permiso, denuncia nuestro sindicato. Y la movilización es precisamente “para mejorar esas condiciones”. CCOO constata que las residencias están “muy abandonadas”, faltan medios, y “la situación es totalmente precaria”.

“La patronal se queja de que no tienen dinero ni medios”, pero los fondos estatales se han incrementado este año con 600 millones para las distintas comunidades autónomas, explicó Belén Fernández.

Las movilizaciones, que se enmarcan en una campaña confederal -como señaló Juan Pedro Muñoz al inicio de la comparecencia-, que ya estaba en marcha en 2019 y hubo que aplazar por la pandemia, va contra las asociaciones empresariales, pero también contra la Administración, ya que es es la encargada de repartir esos fondos y dedicarlos a las mejoras laborales del sector.