Ante una inflación de casi dos dígitos

Urge bajar la electricidad y apoyar a las personas más afectadas por el incremento de los precios

    Los precios subieron un 9,8% anual en el IPC adelantado del mes de marzo, agravando la situación de pérdida de poder de compra de los salarios, pensiones, prestaciones y becas, lo que repercutirá negativamente sobre la demanda de consumo, la recuperación del PIB y el empleo. La situación exige, como ha propuesto CCOO, crear un bono de emergencia con un pago extraordinario único de 300 euros.

    30/03/2022.
    Postes eléctricos

    Postes eléctricos

    Una vez despejadas por el último Consejo Europeo las dudas sobre las medidas que se pueden adoptar en el sector eléctrico, urge que el gobierno cambie su sistema de fijación de precios en el mercado mayorista. Éste es claramente inflacionista. La electricidad ha subido un 80,5% en España en el último año frente al 28,5% de la Unión Europea (UE). Si la electricidad hubiera subido como en Europa, la inflación sería dos puntos más baja y estaría por debajo de la de la UE. Además, el sistema actual genera beneficios extraordinarios millonarios “llovidos del bolsillo” de los usuarios en las cuentas de resultados de las eléctricas. Esto no es sostenible en un momento en el que se está intentando alcanzar un pacto de rentas que reparta el coste del shock de oferta externo entre personas trabajadoras, empresas y contribuyentes.

    La carestía no solo afecta al precio de la energía sino también de los alimentos, que ya tuvieron un comportamiento más inflacionario durante la pandemia. Por tanto, es urgente también proteger el poder adquisitivo de las rentas más bajas. El Gobierno aprobó ayer un paquete de medidas insuficientes para este fin, con un alza temporal del IMV del 15% y la posibilidad de que el bono social eléctrico se amplíe a más hogares, aunque la experiencia dice que es complicado hacer llegar esta ayuda.

    La situación exige, como ha propuesto CCOO, crear un bono de emergencia: un pago extraordinario único de 300 euros, que llegaría automáticamente a través de la nómina a las personas trabajadoras de salarios bajos y a través de las prestaciones a parados y pensionistas con pensión mínima o no contributiva. Se trataría de una ayuda flexible, pues el beneficiario puede decidir gastarla en pagar la factura energética, en alimentos, alquiler, etc. Este bono beneficiaría a casi 9,6 millones de personas, el 64% de ellas mujeres y costaría 2.870 millones de euros, que se financiarían con el aumento de la recaudación procedente del alza del precio de la energía y la mejora de la actividad registrada durante el primer trimestre que situará a final de año los ingresos tributarios 2.000 millones por encima de lo presupuestado.

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