Dignidad mínima vital

  • Tribuna de José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturies, en "La Nueva España"


Tardó en llegar, teniendo en cuenta la emergencia social que vivimos, y tampoco colma todas nuestras aspiraciones, pero la aprobación el 29 de mayo de un ingreso mínimo vital, reivindicación histórica de CCOO, ayudará a garantizar una vida digna a cientos de miles de personas. Sin duda un hito en la protección social que viene a apuntalar nuestro Estado de bienestar.

08/06/2020.
Tribuna en La Nueva España

Tribuna en La Nueva España

No nos engañemos: el sistema económico neoliberal es incapaz de satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la población. Por eso son tan importantes este tipo de medidas, que se acercan a la justicia social y avanzan hacia una sociedad democrática de hecho, y no solo de derecho.
Posiblemente no la resuelva para siempre, pero este ingreso mínimo es una vacuna contra la pobreza. Que puede y debe funcionar. Porque, como decía recientemente la catedrática de Ética, Adela Cortina, en una entrevista publicada en este mismo periódico, la gente tiene derecho “a no ser pobre”.
En cualquier caso se trata de una prestación mientras persista la situación de vulnerabilidad. Por eso, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores queremos dar un paso más y exigimos que se tramite sin dilación la Iniciativa Legislativa Popular de Prestación de Ingresos Mínimos que ambos sindicatos llevamos al Congreso hace cuatro años, tras recoger 710.000 firmas, y que ha sido retrasada y bloqueada.
Conviene recordar que la inversión social en España sigue siendo muy inferior a la media europea. De ahí que sea tan necesario, y apremiante, impulsar la protección social más allá de esta crisis, mediante una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social. De aprobarse, nuestra ILP daría cobertura a un número mucho más amplio de personas en situación de necesidad.
Ya en 2013, Comisiones Obreras había lanzado la propuesta de crear un sistema de rentas mínimas garantizadas a nivel estatal, como derecho subjetivo, que incluiría medidas de apoyo para la inserción sociolaboral. Porque la crisis y las políticas de austeridad habían disparado la desigualdad y la pobreza. Y había que atajarlo.
Gracias en buena medida a la perseverancia de nuestro sindicato, en Asturias contamos desde 2005 con el Salario Social Básico, que ahora mismo perciben 22.175 personas y protege a más de 45.000 en las distintas unidades familiares. De tal manera que durante estos años se ha conseguido paliar la desigualdad que mide la “Tasa Arope” de personas en riesgo de pobreza.
Ahora se trataría de garantizar y ampliar esa cobertura. Por eso defendemos que este nuevo ingreso mínimo se pueda complementar con el salario social, y lograr que las personas dejen atrás definitivamente situaciones de exclusión, aprovechando los recursos excedentes disponibles para ampliar los marcos de protección. Porque ambas son herramientas básicas para conseguir más justicia y equidad. No son un lastre, son una red de seguridad. La vulnerabilidad extrema solo provoca hambre y miseria, y es el caldo de cultivo para todo tipo de abusos, como los trabajos sin cotizaciones.
Se atendería así el fenómeno de la feminización de la pobreza, suponiendo una mejora en las condiciones de vida de las mujeres, que en muchas ocasiones encabezan familias monomarentales, especialmente desprotegidas por los efectos de la covid-19.
Y es que las últimas crisis nos han demostrado que nadie está exento de requerir recursos asistenciales que nunca antes habíamos necesitado, de ser “nuevos pobres”: por la precariedad laboral, por la expulsión abrupta del mercado laboral, por la edad, por enfermedad... El perfil de los usuarios de rentas mínimas ha cambiado en los últimos años.
Se necesita rigor. Y no es que un partido que representa a millones de españoles vocifere que es una medida “bolivariana”, cuando veinte países de Europa tienen sistemas parecidos de protección, y más ambiciosos incluso. Dinamarca cuenta desde hace años con un ingreso mínimo que oscila entre los 476 euros mensuales y los 2.035 para menores de 30 años con hijos a su cargo. En Francia no baja en ningún caso de 550 euros, incluso si estás trabajando. Etc.
Angus Deaton, premio Nobel de Economía, entiende que hay que aliviar las dificultades “dando dinero a la gente para asegurarse de que tengan suficiente para comer y pagar el alquiler”. Uno de los diez economistas más citados del mundo, Daron Acemoglu, sostiene igualmente que hay que garantizar la supervivencia de los más vulnerables. Y no solo por razones humanitarias, también económicas, porque “el miedo a perder cualquier ingreso es paralizante, y si paralizas a mucha gente, cortas por completo la demanda y colapsas la economía”. ¿Bolivarianos? El Papa Francisco ha llegado más lejos al decir que este puede ser el momento de considerar una renta básica universal.
Apena leer también que este tipo de ayudas “desincentiva” la búsqueda de empleo, como sugieren algunos empresarios, o que abona la economía sumergida. Seamos serios: en julio de 2007, en el momento de menor desempleo registrado en Asturias desde entonces, había 44.911 personas en el paro. ¿Rechazaban un empleo? No, lamentablemente no había trabajo para ellas. Esa cifra podría estar más que duplicándose ahora. ¿Economía sumergida? La economía sumergida son jornadas interminables con contratos de horas.
Es curioso comprobar que esas mismas voces críticas obvian algo que corroboran todos los estudios sobre este tipo de medidas: el importante impacto directo que tienen para incrementar la actividad económica local, porque permiten el consumo de los hogares, no se van a cuentas en Suiza.
Así pues, también estaremos vigilantes para que la compatibilidad de la nueva prestación con los salarios procedentes del trabajo no produzca un incremento del fraude laboral y salarios aún más bajos. Y defenderemos su revalorización anual, al menos con el IPC. Porque es clave para no seguir cayendo por la pendiente de la precariedad.
No nos engañemos, absolutamente nadie quiere vivir, aunque solamente fuera un mes, con 462 euros. Se trata de evitar la cronificación de la pobreza. Porque hablamos de dignidad “mínima” vital. Y con eso no será suficiente. Porque queremos trabajos decentes, protección social garantizada. Una vida plena y con seguridad desde que se nace hasta que se muere. Por qué no.

 

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