Quince años del salario social

  • Tribuna de José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturias, en "El Comercio"

La historia de las conquistas sociales en Asturias marcó un hito aquel día: el 28 de octubre de 2005 el Salario Social Básico adquiría carta de naturaleza legal y se configuraba como derecho subjetivo. Se hacía realidad una reivindicación largamente exigida y duramente peleada por nuestro sindicato. ¿El resultado? Asturias se situaba como una de las comunidades autónomas más avanzadas en la lucha contra la pobreza en nuestro país.

28/10/2020.
Quince años del salario social

Quince años del salario social

Gracias al diálogo social y al acuerdo entre la izquierda parlamentaria se lograba una garantía por ley de ingresos mínimos dirigida a las personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas. No era un asunto baladí: se consolidó como un derecho subjetivo, superando el carácter de subsidio graciable y convirtiéndose en uno de los más ambiciosos del país por su nivel de cobertura de la población en situación de riesgo. Actualmente, 22.327 familias lo perciben, y ello se traduce en una población beneficiaria que supera las 45.900 personas.

Pero no fue fácil conseguirlo. Como ocurre siempre que se disputan avances sociales, los sectores más conservadores no escatimaron esfuerzos para intentar impedirlo y no dudaron en descalificarlo como una “paga para vagos”. 

La realidad ha demostrado lo acertado de la decisión: cientos de mujeres viudas, con pensiones de miseria, se vieron beneficiadas por el salario social; como también las mujeres con hijos a su cargo que se veían en atrapadas en el laberinto de la precariedad y la falta de recursos para cuidar a sus familias; o los cientos de familias asturianas que se quedaron sin empleo como consecuencia del crack del sistema financiero de hace doce años y que agotaron sus prestaciones por desempleo (recortadas por los Gobiernos de Rajoy a partir de 2012). 

La realidad ha demostrado que el salario social ha sido un importantísimo dique de protección y clave para que Asturias fuese, año tras año, la comunidad autónoma con menor tasa de pobreza grave y severa tras País Vasco y Navarra (las dos con régimen foral y, en consecuencia, mayores recursos públicos). Y no es un tema menor, porque no olvidemos que España es el quinto país europeo con más pobreza (según los últimos datos de Eurostat hay casi diez millones de personas pobres en nuestro país), es medalla de bronce en pobreza infantil (solo Rumanía y Bulgaria nos superan) y cuatro de cada diez familias no puede afrontar gastos imprevistos.

Como se ha encargado de recordar la pandemia, los recortes en los servicios públicos tienen consecuencias dramáticas. En protección social, los hachazos del PP provocaron que el presupuesto destinado a salario social se disparase durante los peores años de la crisis, protegiendo a las familias que peor lo estaban pasando y que el Gobierno de Rajoy había abandonado a su suerte. 

Hace cinco meses el Gobierno de España aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y puso fin a la falta de un modelo unificado. Dicho de otra forma: por fin se impulsó un salario social en todo el país. Era una medida que habíamos reclamado desde Comisiones Obreras durante los últimos años y que supone un importante avance. 

Sin embargo, la puesta en marcha del IMV está siendo más lenta de lo que nos gustaría y no podemos permitir que familias con derecho se queden sin estos recursos. Como también debemos evitar que ninguna persona perceptora del salario social que no tenga acceso al ingreso mínimo deje de cobrarlo (hay situaciones que éste no cubre y sí lo hace aquél) o que el IMV se use como coartada para recortar la protección social en Asturias, que tiene muchas carencias, y más ahora con la enorme ola de desigualdad que provocará la pandemia. Al contrario, es el momento de perfeccionar su gestión, aumentar sus cuantías y mejorar la protección social a las personas.

Lejos de ser una “paga para vagos”, el salario social ha sido una tabla de salvación para muchas personas en Asturias justo cuando peor lo estaban pasando. Nadie puede discutir que beneficia a la economía real y crea empleo, que genera bondades sobre el sistema sanitario, la seguridad ciudadana y reduce el riesgo de abandono escolar temprano. En definitiva, es una gran inversión para Asturias fruto de la concertación y de los acuerdos amplios por la izquierda. Ese es el camino para avanzar.