Trabajar sin perder la vida

  • Tribuna de Gerardo L. Argüelles, Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO de Asturias, en "El Comercio"

03/03/2023.
Tribuna de Gerardo L. Argüelles, en El Comercio

Tribuna de Gerardo L. Argüelles, en El Comercio

La siniestralidad laboral no da tregua y se ha convertido en otra pandemia. Al menos 826 personas fallecieron el año pasado en España en accidente de trabajo. Cada día se registran en Asturias una media de 37 siniestros laborales. Son cifras inasumibles.

En 2022 se produjeron en nuestra comunidad autónoma 13.561 accidentes con baja médica, 12.415 durante la jornada laboral y 1.146 en itinere, según datos del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Son un 23,27% más que en 2021. Hablamos de una población laboral cubierta de 364.057 personas, un 2,03% superior al año precedente. Esto quiere decir que los accidentes en el trabajo aumentaron proporcionalmente mucho más que el número de personas trabajadoras.

Por desgracia, en 2022 se registraron 13 accidentes mortales y 65 de carácter grave. También es preocupante el porcentaje de accidentes leves (que son además los más fáciles de ocultar), que se han incrementado un 28,47%, al contabilizarse 13.484, frente a los 10.905 de 2021.

Los datos también nos ponen en alerta sobre dónde es importante poner el foco de atención, porque el sector servicios registra un aumento exponencial de siniestros laborales (+40,58%), y con bastante diferencia del resto: la industria (+10,59%) y la construcción (+3,40%).

Son cifras que ponen dramáticamente de manifiesto que no se está haciendo todo lo posible desde las Administraciones y desde las empresas en referencia a la salud laboral, la prevención de accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo.

Por tanto, exigimos a la Administración que actúe con la máxima celeridad e impulse políticas enérgicas que sitúen la salud y la seguridad en el centro de todas las acciones, complementándolas con las medidas legislativas oportunas, y las meramente técnicas que se requieran, como acabamos de hacer en Asturias con el Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado 2022-2027, consensuado por los agentes sociales con el Gobierno regional. 

Precisamente, el 23 de febrero hemos firmado a nivel estatal la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2023-2027), fruto del diálogo social y tras un largo proceso de negociación. Un documento que recoge y ordena en seis grandes objetivos las líneas fundamentales de las políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Y, como veníamos exigiendo, el Gobierno se ha comprometido a poner en marcha en el seno del diálogo social una mesa de específica que aborde los problemas estructurales relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo, para recuperar el impulso que permitió reducir la incidencia de los accidentes (a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el 11 de febrero de 1996). Estaremos vigilantes para que se ponga en marcha de forma urgente.

También defendemos la creación de juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo que agilicen los procesos judiciales en los casos por delitos contra la salud de las personas trabajadoras, para que no se demoren durante lustros. Y urge aumentar los recursos de las fiscalías especializadas en siniestralidad laboral, que les permitan sustanciar los pleitos por la aplicación del delito de riesgo contra la salud de las personas trabajadoras y no solo en aquellos casos en los que se ha materializado el daño. 

En el caso de nuestra comunidad autónoma, es igualmente necesario potenciar todos los organismos implicados, con especial atención al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dotándolos de más medios técnicos y humanos. Una menor ratio de profesionales por trabajador y trabajadora haría más efectiva su labor.

También se debe actuar sobre los servicios de prevención ajena y sobre las mutuas, para que la gestión preventiva y su actuación no sean meramente mercantilistas, como está ocurriendo en la actualidad.

Y, por supuesto, las empresas tienen una responsabilidad; por eso les exigimos un cumplimiento estricto de la legislación en materia de salud laboral y prevención de riesgos, así como avanzar en la democratización de las relaciones laborales. La democracia en la empresa pasa por reforzar los derechos de participación y consulta de la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, de las delegadas y delegados de prevención y de los comités de seguridad y salud. Todos los estudios han demostrado que las condiciones de trabajo mejoran sustancialmente en las empresas con presencia sindical. De ahí que sea tan importante llevar a cabo las modificaciones legislativas oportunas para dotar de funciones y competencias a las organizaciones sindicales en la defensa y control de las condiciones de trabajo en las empresas donde no haya representación sindical. 

Tenemos que acabar de una vez por todas con esta sangría que provoca la siniestralidad laboral. Porque al trabajo vamos precisamente a ganarnos lo más preciado que tenemos, la vida, no a perderla.

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