Proceso 1001. Un clamor de libertad

  • Tribuna de Toño Huerta, director de la Fundación Juan Muñiz Zapico, en "La Nueva España"

18/12/2023.
Toño Huerta, director de la Fundación Juan Muñiz Zapico

Toño Huerta, director de la Fundación Juan Muñiz Zapico

En los tiempos que corren no está de más recordar que la democracia no fue un regalo, fue producto de la lucha, y también del sufrimiento, de miles de hombres y mujeres que tenemos la obligación de hacer perdurar en la memoria colectiva.

Uno de esos episodios ocurrió hace cincuenta años; no fue un hecho aislado, fue un eslabón que enlazaba aquella vanguardia del movimiento obrero que se vio silenciada tras el golpe de Estado de 1936 con las nuevas generaciones que, tras décadas de mordaza, comienzan a reclamar mejoras laborales, salariales o la libertad para elegir a sus representantes sindicales, emancipándose del viejo “sindicato vertical”. Es así como van surgiendo las comisiones obreras, adaptadas a cada momento, conflicto y reclamación, y vistas por la dictadura como el aparato fundamental de la subversión.

Los últimos años del franquismo estuvieron marcados por la falsa apertura que se quería mostrar al mundo, pero la realidad era bien distinta. En este contexto, el 24 de junio de 1972 se reúnen diversos coordinadores de las comisiones obreras, que en ese momento aún no era un sindicato organizado; precisamente, uno de los puntos a tratar en esa asamblea era el debatir sobre la unidad del movimiento obrero. Acuden a la misma Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y Francisco García Salve por Madrid; Paco Acosta, Eduardo Saborido y Fernando Soto por Andalucía; Luis Fernández Costilla por Valladolid; Pedro Santisteban por Vizcaya; Miguel Ángel Zamora por Zaragoza, y Juan Muñiz Zapico por Asturias. Pero la Brigada Político-Social está al tanto de la reunión, deteniendo a los diez participantes.

El objetivo de esa operación policial franquista no era otro que desarticular las comisiones obreras para evitar las movilizaciones. Los detenidos son trasladados a la cárcel de Carabanchel a la espera de juicio, donde aprovechan su estancia para hacer una labor política y cultural fundamental, utilizando la prisión como un lugar de educación y concienciación.

Sería en octubre de 1972, cuatro meses después de su detención, cuando se inicie el Sumario 1001. Las conclusiones de la fiscalía fueron que los diez protagonistas de esta historia habían incurrido en un delito de asociación ilegal en grado de directivos. Y es que, aunque el Estado franquista negase que en España hubiese presos políticos, este juicio fue claramente político, y los diez encausados así lo visibilizaban. Muy pronto sus mujeres cobraron protagonismo en la denuncia de su situación, impulso definitivo para que la mujer, con conciencia de clase y género, fuese teniendo una presencia cada más importante en los movimientos sociales. Y a la vez, hubo también una gran movilización internacional, con el apoyo de destacados intelectuales de la época.

Con motivo de esas movilizaciones y presiones internacionales, los procesados pensaban que las penas serían bajas; pero un hecho volvió a cubrir de sombras su destino. El mismo día que se iba a celebrar el juicio, el 20 de diciembre de 1973, se produce el atentado contra Carrero Blanco, haciendo que sus esperanzas volasen junto con el Presidente del Gobierno. Grupos de ultras fascistas salen a las calles y piden las cabezas de los diez procesados, hasta el punto que un comandante de la Policía Armada destina una compañía para garantizar su seguridad. El juicio no se suspende y se llega a oír decir a Francisco Mateu, Presidente del Tribunal: “dadme una pistola que voy a por ellos”. Efectivamente, el asesinato de Carrero los convirtió en el chivo expiatorio de las fuerzas más reaccionarias del régimen franquista, y así lo corroboraron las desproporcionadas penas, con condenas de veinte o dieciocho años. Casi un año después, el Tribunal Supremo rectifica la sentencia y reduce las penas, siendo liberados todos ellos a raíz de la Ley de Amnistía aprobada tras la muerte de Franco.

Decía al principio que tenemos la obligación de hacer perdurar la memoria colectiva, y por eso el próximo jueves 21 de diciembre, a las 18:30 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres, la Fundación Juan Muñiz Zapico organiza un acto para conmemorar el 50 Aniversario de este episodio crucial en la lucha por la democracia. Uniremos de nuevo dos generaciones de las comisiones obreras, Unai Sordo y José Manuel Zapico como actuales representantes estatal y regional, junto con un histórico como Juventino Montes y, sobre todo, la presencia de Paco Acosta, uno de los procesados en el 1001, y Cristina Almeida, una de las dos únicas mujeres que actuaron como abogadas defensoras. Y, como no podía ser de otra manera, la presencia de la familia de Juan Muñiz Zapico, nuestro “Juanín”, aquél del que Nicolás Sartorius dijo que “siempre fue un compañero especial y una cabeza privilegiada”. 

Ni los domaron, ni los doblaron, ni los domesticaron.

 

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