Ausencias injustificadas al trabajo, bajas laborales, permisos retribuidos… No es absentismo todo lo que parece. O no deberíamos considerar absentismo todo lo que la patronal dice que engloba el término. Empecemos por reconocer que la definición de absentismo de la OIT es demasiado general y ambigua, y abre la puerta a que las patronales incluyan interesadamente ahí todo tipo de ausencias -justificadas y no justificadas- cuando contabilizan el absentismo. Porque entre las primeras encontramos bajas médicas, permisos retribuidos por diferentes motivos, vacaciones… Pero nadie diría que cuando tienes derecho a una licencia por maternidad o paternidad estamos ante un caso de “absentismo”. O cuando tienes un día por el fallecimiento de un pariente. O por el traslado de domicilio. O…

Así que tenemos ausencias “justificadas”, que deberían dejar de considerarse absentismo para evitar malas interpretaciones que pretenden trasladar a la sociedad la idea de que hay un montón de personas trabajadoras que “no se esfuerzan lo suficiente” o directamente defraudan con las bajas médicas (lo que indudablemente supone importantes pérdidas para las empresas y un aumento del gasto público); y absentismo “injustificado”, que es cuando una persona trabajadora no acude a su puesto de trabajo de forma voluntaria o se ausenta sin aviso ni justificación. Para hacernos a una idea, un estudio de CCOO de Cataluña de 2017, estimaba el volumen de “absentismo real” en apenas el 1,3%, frente al 98,7% de ausencias justificadas fruto de derechos y permisos legales. 

En las últimas semanas las organizaciones patronales han vuelto a “alertar” del supuesto problema que significa para ellas el absentismo, utilizando la estrategia de contabilizar el total del tiempo de absentismo (justificado y no justificado), e insistiendo en la necesidad de que las mutuas tengan mayor protagonismo en la atención sanitaria, por ejemplo, para agilizar los procesos y reducir los tiempos de usencia del trabajo. En esto no mienten, es su verdadero objetivo: debilitar el sistema público sanitario para hacer negocio con la salud de los trabajadores y trabajadoras; al fin y al cabo, una mutua no es más que una asociación empresarial.

Estamos por tanto ante un discurso extendido lleno de supuestos erróneos, falto de rigor, que manipula las cifras y los conceptos legales con el objetivo de reducir los costes salariales y las cotizaciones empresariales, y aumentar al tiempo los beneficios de las propias compañías, a costa de la salud y de las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras.

Así que desde el sindicato preferimos diferenciar entre las ausencias laborales con cobertura legal (cuando hay una norma jurídica o convencional que justifica la no asistencia al trabajo) y el absentismo laboral sin cobertura legal. Cuando la ausencia tiene cobertura legal responde al ejercicio de un derecho por parte de la persona trabajadora. Y la conclusión es que lo que ellos llaman absentismo laboral sin cobertura legal es residual y anecdótico. 

Otro asunto delicado es el tema de las bajas laborales. Hay que recordar que a nadie le gusta estar enfermo, ni mucho menos atornillarse a la enfermedad. Y nuestro compromiso es firme para acordar propuestas que mejoren la salud de los trabajadores y trabajadoras, pero conviene tener siempre en cuenta que el sistema de control de la incapacidad temporal por contingencias comunes corresponde al sistema público con diferentes tipos de seguimientos, ya que es la mejor garantía para la recuperación de la persona trabajadora. En cambio, se habla poco del fraude que ejercen las empresas y mutuas cuando derivan al Sistema Público de Salud los daños a la salud cuyo origen es laboral. O de la cantidad ingente de horas extras que no se pagan, y que nos daría pie para hablar de un grave problema del que no se suele mencionar: el presencialismo insano e improductivo en las empresas.

Es (estadísticamente) innegable que las bajas laborales han aumentado tras la pandemia. Y hay consenso en que entre las principales causas están el envejecimiento progresivo de la fuerza laboral en España (las personas trabajadoras mayores de 50 años han pasado de representar el 25,6% del total de la población ocupada en 2012 al 34,5% en 2023) y el deterioro que ha sufrido el sistema sanitario tras la pandemia. 

También es incuestionable que el mayor perjuicio siempre es para la persona trabajadora (que es quien enferma y no tiene la más mínima responsabilidad en el aumento de las listas de espera), que ve cómo en ocasiones su proceso se dilata más de lo debido. 

Otro gran problema que el sindicato viene denunciando desde hace décadas es que las enfermedades profesionales están infrarrepresentadas. Muchas patologías tienen un origen laboral pero se siguen catalogando como enfermedades comunes. Y eso provoca no solo que carguemos al sistema público de costes impropios, sino que también evita que la empresa no tome medidas para resolver los problemas de salud que se originan en los centros de trabajo. Y si la empresa no mejora las condiciones laborales, esa misma persona volverá a recaer. Un claro ejemplo son las patologías musculoesqueléticas. O la salud mental, a la que luego me referiré.

También hay cierto consenso en que el absentismo tiene mucho que ver con unas condiciones de trabajo con poca regulación y precarias que, a menudo, afectan de manera muy seria a la salud de los trabajadores y trabajadoras. “El chantaje de la necesidad obliga a aceptar un trabajo por un salario mísero, de mera subsistencia, con condiciones laborales nocivas, cuando no altamente tóxicas”. Así lo recoge un informe de 2023 sobre precariedad y salud mental encargado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

Mención aparte merece el tema de la salud mental. La primera causa de siniestralidad laboral en nuestro país ya son las patologías no traumáticas, como ictus o infartos, que tienen que ver muchas veces con las condiciones de trabajo, con jornadas interminables, horarios imposibles de conciliar, cargas de trabajo inasumibles, el estrés, los estilos de mando autoritarios y arbitrarios, la incapacidad para la desconexión digital... El año pasado en Asturias de los 15 accidentes mortales en jornada de trabajo 8 se debieron a patologías no traumáticas. 

La depresión ya se ha convertido, de hecho, en la principal causa mundial de discapacidad para ejercer funciones laborales. La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población adulta en edad de trabajar tiene un trastorno mental y un 5% de los adultos de todo el mundo padece depresión. Las incapacidades temporales relacionadas con esta problemática son las terceras más largas, y no se les presta la suficiente atención ni los suficientes medios. Según la Fundación Salud y Personas, el cuidado de la salud mental en el trabajo disminuye las bajas laborales en un 66%.

En Asturias, en los últimos siete años, las bajas laborales relacionadas con la salud mental se han incrementado un 44,3%. Y los problemas de ansiedad, estrés, depresión… se suelen tratar como enfermedades comunes cuando en muchas ocasiones están directamente relacionados con el trabajo, y cada vez más con la digitalización del entorno laboral. Ya se sabe, las más de las veces la solución no viene de la mano de los profesionales de la psicología sino de la organización de los trabajadores y trabajadoras en sindicatos de clase en la empresa.

En materia de salud laboral, lo venimos señalando: los recortes de personal, el incremento del ritmo y la cantidad de trabajo, el desarrollo de la competitividad entre las personas trabajadoras, el aumento de la exigencia de disponibilidad y el empleo temporal obstaculizan la posibilidad de combatir los riesgos psicosociales en origen. Y el aumento de los trastornos mentales tiene mucho que ver con “la profunda precariedad bajo la que trabaja y vive la mayor parte de la humanidad”, como subraya el informe del Ministerio de Trabajo.

Y ya no se trata de una cuestión personal, sino de un problema colectivo. Invertir en salud será beneficioso no solo para las personas trabajadoras, sino también para las empresas, que tendrán plantillas más sanas y comprometidas, lo que mejorará su desarrollo. 

En todo caso (y en contra de lo que esgrimen muchas veces las patronales) la causa de la baja productividad y competitividad de nuestro país no es el absentismo, sino de la escasa innovación de la economía. Mientas Europa invierte en I+D el 2,1% del PIB, España lo hace el 1,4%. Y en el caso de Asturias, peor aún: el último informe del INE sobre la materia revela que mientras en Asturias la Administración Pública aumentó su inversión en I+D, las empresas la han reducido, y esa es la madre de todas las claves. Por eso también la productividad en Asturias es 3,3 puntos inferior a la media española. Está claro. Y no, no es el absentismo.