La Ley de Proyectos Estratégicos, que llega con retraso, está llamada a ser una herramienta clave para la recuperación de la economía asturiana

  • CCOO espera que los resultados se dejen notar especialmente en el sector secundario y señala que no debe suponer una desregulación ni una dejación en el deber de velar por el interés general

Por medio de su responsable de Política Institucional, Ana María Rodríguez, CCOO de Asturias compareció hoy en la Junta General del Principado de Asturias, en la valoración final del Anteproyecto de Ley de Proyectos Estratégicos (PIER). La intervención del sindicato se marcó dentro de la Comisión de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico.

13/09/2024.

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CCOO a acoge favorablemente el anteproyecto en la medida que viene a dar cumplimiento a lo acordado en el ámbito del diálogo social, y, en particular, en el Acuerdo de Concertación para la recuperación de Asturias 2020-2021 que, entre las medidas de promoción industrial, recogía el “Desarrollo normativo del establecimiento del carácter estratégico de proyectos”. Sin embargo, advierte de que llega con retraso. “No sólo respecto al calendario de ejecución prevista (finales de 2021), sino en relación con otros territorios que ya cuentan, desde hace años con una norma similar”.

Desde CCOO esperamos que sus resultados se dejen notar especialmente en el sector secundario. “Es una evidencia que Asturias sufre desde hace años el desmantelamiento de su tejido industrial, y aunque entendemos que la causa no es precisamente el entorno administrativo ni normativo, compartimos la necesidad de esta norma como una medida más que, dentro de las competencias autonómicas, debería contribuir al crecimiento y la expansión del tejido industrial y económico en general, tanto en el ámbito de actividades ya existentes como en otras nuevas, y  que ello se traduzca en la generación de riqueza y empleo de calidad y contribuya a fijar población”. 

CCOO entiende que compartiendo el objetivo declarado de la futura ley, “se debe añadir dentro de la definición del objetivo  que debería ir en consonancia con las estrategias aprobadas dentro del marco del diálogo social (para que éste sea un requisito indispensable, ya que tal y como está redactado los requisitos son excluyentes unos de otros”.

En una análisis del anteproyecto, desde el sindicato resaltamos que “si nos atenemos a los requisitos para ser considerados PIER basta con que el proyecto contemple la creación de 100 empleos, sin ningún otro requisito en cuanto a la inversión o naturaleza de la actividad a desarrollar; o basta con una inversión de 30 millones que sí encaje en cuanto a actividad pero no cree si un solo empleo, si no se añade como objeto de los PIER que éstos vayan alineados con las Estrategias aprobadas. “De especial relevancia y consideración sería la Estrategia de Especialización Inteligente (S3 de Asturias 2021-2027), la cual persigue concentrar recursos en áreas económicas con competencias significativas para un Crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador”.

Así, “se ha añadido que, en municipios en crisis demográfica o riesgo de despoblamiento, las cifras se rebajan a 50 empleos o 15 millones pero no se ha incluido a los municipios en transición cuando se habla del requisito de la mejora de la cohesión y vertebración territorial y un desarrollo socioeconómico de las zonas más desfavorecidas en la transición hacia una industria sostenible y digital”. En palabras de Ana María Rodríguez, “estos umbrales de criterios especiales podrían incluir a aquellos municipios que se han visto afectados por la transición pero no están en riesgo de despoblación”. 

Nos preocupa que únicamente se refleja en la ley que los proyectos no podrán asentarse en suelo no urbanizable de especial protección. Además, “echamos en falta un compromiso de mantenimiento del volumen de empleo o inversión comprometidos durante un período de tiempo determinado, más allá de lo que exija, en su caso, la normativa de las ayudas a las que pudiera acogerse el proyecto”.

En general, la Ley de proyectos estratégicos pretende ser una herramienta clave para la recuperación y fortalecimiento de nuestra economía, facilitando nuevas inversiones y apoyando la reindustrialización de áreas afectadas por la deslocalización industrial, pero mejorar la regulación, permitir una tramitación urgente y preferente, eliminar trabas y simplificar procedimientos, no implica ni debe suponer una desregulación ni una dejación en el deber de velar por el interés general.