Financiación autonómica: ¿ruptura o acuerdo?

  • Tribuna de José Manuel Zapico, secretaría general de CCOO de Asturias, en "La Nueva España"

18/10/2024.
Sobre financiación autonómica

Sobre financiación autonómica

Hablar de financiación autonómica es hablar de educación, sanidad y cuidados. De lo que afecta, día a día, a millones de personas en nuestro país. Por eso los acuerdos que se alcancen en torno a esta cuestión son cruciales para la mayoría de nuestra sociedad. 

El pacto entre el PSC y ERC, en el ámbito del Parlament de Catalunya nos preocupa, y mucho, porque puede abrir la puerta a un proceso muy peligroso del que territorios como Asturies saldremos muy perjudicados. 

España necesita un modelo de financiación autonómica que corrija desigualdades, no que las aumente; que refuerce la solidaridad, no que abra la puerta a más privilegios; que garantice más cohesión y equidad, no más diferencias. 

Esto es fácil decirlo y algo más difícil conseguirlo. A nadie se le escapa que hay intereses opuestos en juego y que cada comunidad autónoma, legítimamente, buscará defender sus aspiraciones. No es lo mismo un territorio con población envejecida y mayor dispersión, que otro más joven y con más concentración demográfica. 

Sin embargo, precisamente por eso, es clave que el nuevo modelo salga de un acuerdo amplio. Todos tendremos que ceder y todos tendremos que ganar. Un acuerdo que tiene que estar presidido por la transparencia y acabe con la opacidad con la que se determinan las grandes cifras que determinan el futuro inmediato de muchas cosas. 

La solución no pasa por hacer un traje a retales de acuerdos bilaterales. Sería el camino más rápido para romper la baraja y hacer trizas la imprescindible solidaridad interterritorial, que es la mejor argamasa para unir un país. 

Una vez abierta la puerta al “cupo catalán”, ¿con qué argumentos se impediría que se extendiera a otras comunidades autónomas un “acuerdo particular” de esa naturaleza? De hecho ya hubo alguna que no tardó en levantar la mano para requerir su propio concierto. Si el modelo foral se aplica a Catalunya, ¿por qué no a La Rioja o a Madrid?

Dicho esto, hay quien aprovecha para generar más ruido aún y desviar la atención de otro asunto muy relevante: la hipocresía de algunas comunidades autónomas que piden más dinero al Estado mientras se lo perdonan a los más ricos. El dumping fiscal de Ayuso no solo tritura la calidad de la sanidad o la educación públicas madrileñas, es una auténtica termita para la cohesión de toda España.

Hay una cosa clara, si queremos sostener nuestra sanidad pública y reducir las listas de espera, si queremos avanzar en derechos e igualdad y afrontar el reto de la corresponsabilidad e impulsar un nuevo modelo de cuidados, necesitaremos más ingresos. Habrá que hacer un esfuerzo para gestionarlos mejor, para aprovechar la tecnología, para ser más eficientes…, pero necesitamos más dinero porque lo contrario es hacer un brindis al sol. 

Y para conseguirlo necesitamos impuestos más justos, porque la factura no podemos seguir pagándola las trabajadoras y trabajadores de este país mientras las rentas de capital o las grandes empresas disfrutan de un traje a medida de privilegios fiscales. 

Redistribuir la riqueza es un asunto también de seguridad pública, es la mejor forma de defender nuestra democracia. Por eso necesitamos acabar con los tratos de favor. 

En Asturies, en relación con los últimos presupuestos, desde Comisiones Obreras insistimos en la necesidad de revisar y eliminar los beneficios fiscales de menor eficacia y poco redistributivos, y acometer con los recursos liberados políticas directas de inversión social y productiva. 

Según los cálculos del sindicato, en 2024 el Principado dejará de ingresar 1.288 millones, debido al amplio abanico de exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones… introducidos año tras año tanto por la Administración central como por la autonómica, cifra que supone una merma del 27,6% de los ingresos potenciales y, por tanto, de las posibilidades de gasto. Para hacernos a una idea, baste recordar que el HUCA costó 270 millones.

Hablamos por tanto de una suma ingente de dinero que bien podría servir para incrementar la dotación en sanidad, educación, dependencia o protección social; reforzar la inversión productiva generadora de empleo de calidad; aumentar el parque de vivienda pública; elevar la partida para I+D. 

Asturies no puede ser un mero observador en lo que se refiere a la discusión del modelo de financiación territorial, sino que por el contrario debe ser protagonista, con posición proactiva. En un debate necesario, multilateral y transparente, en el que Asturies se la juega, tenemos la obligación de defender los principios de equidad, cohesión territorial y solidaridad.

Así que avancemos hacia una reforma de la financiación autonómica que -de verdad- trate y atienda a toda la ciudadanía por igual, reivindicando lo que es justo y necesario para nuestra tierra y, adoptemos en Asturies, para predicar con el ejemplo, las decisiones oportunas que nos permitan avanzar aquí también en la justicia fiscal como piedra angular de la igualdad de oportunidades que fortalece la democracia y aleja los fantasmas de la ultraderecha. 

 

    •